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Los grandes retos que afrontan nuestras sociedades demandan de una involucración mayor de la ciudadanía en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no somos capaces de que la ciudadanía deje de ser una mera receptora de los productos de la I+D+I corremos el riesgo de dejar de lado al mayor financiador de los sistemas nacionales de I+D+I.
De acuerdo al último Eurobarómetro realizado por la Comisión Europea en septiembre de 2021, la imagen de la ciencia y la tecnología por parte de los ciudadanos es más que positiva. De hecho, 9 de cada 10 ciudadanos (86 %) consideran que diversas tecnologías emergentes tendrán un efecto positivo en la sociedad, tales como la energía solar (92 %), las vacunas (86 %) o la inteligencia artificial (61 %).
En esta misma encuesta a escala europea vemos también que el interés de la ciudadanía por la ciencia y la tecnología demanda que el conocimiento científico-tecnológico se difunda en espacios mundanos y accesibles para la ciudadanía como centros de titularidad municipal, museos y/o bibliotecas (54 %).
Estos datos parecen refrendar, más o menos, la idea de que la imagen de la ciencia y la tecnología se ha visto reforzada gracias a los estragos que ha causado la pandemia por todo el mundo. Sobre todo, si miramos los resultados de anteriores encuestas, parece que hay una evolución positiva en esta percepción. Sin embargo, no podemos obviar que en esa misma encuesta se significan cuestiones y problemas que las relaciones entre ciencia y sociedad siguen teniendo, y que la pandemia sólo ha hecho que empeorar en muchos casos.
Por ejemplo, la mitad de la población encuestada (51 %) opina que los investigadores no pasan el tiempo suficiente explicando en qué consiste su trabajo a la sociedad. También piensan que deberían ser responsables (49 %) de los malos usos y/o posibles amenazas que sus hallazgos produzcan en la sociedad. Y, además, una mayoría de los encuestados (68 %) cree conveniente que los investigadores intervengan en los debates políticos para que las decisiones que se tomen por parte de los gobiernos obedezcan a las evidencias científicas.
Quien lea este último párrafo pensará que después de año y medio de COVID-19 la situación en este sentido ha mejorado, pero convendría recordar que ha habido episodios bastante controvertidos en la gestión de la pandemia. Por un lado, hemos tenido diversas dosis de “teatro pandémico” como acuñó Zeynep Tufekci, para recordarnos que las decisiones políticas muchas veces se imponen socialmente sin atender a las evidencias científicas. También hemos visto como la desinformación a través de Internet ha propagado bulos de todo tipo alrededor del virus, lo cual nos ha recordado que negar la evidencia científica realmente mata. Y, por último (en una larga lista), tenemos el rechazo a las vacunas por parte de diversos sectores de la población que ha provocado que países tan avanzados como Alemania, Austria, Países Bajos o EEUU estén sufriendo una nueva ola del virus con mayor virulencia si cabe que en anteriores episodios.
Mucha gente pensará que esto denota una falta de educación científica, falta de conciencia crítica y/o de acceso a la información científica, y que “simplemente educando” a la población y a nuestros políticos podríamos resolver esto. Pero no conviene caer en este error, ya que lo que nos dicen los datos de los diversos estudios que se han hecho es que dentro de estos grupos de población hay una amalgama de perfiles sociológicos y también mucha gente con un alto nivel educativo, recursos y con posiciones acomodadas. No es un problema de educación, sino de falta de confianza en la práctica de la investigación, sus instituciones y sus procesos.
Aquí conviene recordar el famoso “modelo de déficit” y sus particularidades. Primero porque hoy en día ese déficit en la comunicación se ha demostrado que también se encuentra por el lado de la industria (a la hora de comunicar, difundir e involucrar a la ciudadanía en el desarrollo de ciertas tecnologías) y segundo, porque la ciudadanía siempre tiene el derecho de rechazar una innovación y/o tecnología debido a factores epistemológicos, sociales, culturales y/o éticos (con ejemplos de sobra conocidos en controversias científico-tecnológicas como el biodiesel o la energía nuclear).
Lo cierto es que el futuro de las relaciones entre ciencia y sociedad pasa más por cuestiones que tienen que ver con valores públicos que por cuestiones científico-tecnológicas (que también). Así valores como la transparencia, la confianza, la justicia social, la diversidad, la inclusividad y/o la responsabilidad son algunos de los que deberían guiar el fortalecimiento de las relaciones entre ciencia y sociedad. Son este tipo de valores los que les interesa a la ciudadanía ver en la innovación y los que reclaman para poder construir un mundo mejor.
La formulación en los últimos años de las políticas de investigación e innovación en torno a los retos sociales, los objetivos de desarrollo sostenible y/o las misiones son algunos de los ejemplos que nos dicen que el mundo de la I+D+I está cambiando (y mucho). Por ello, enfoques como la Innovación Responsable son imprescindibles en este largo camino que nos queda por recorrer como sociedad ya que la innovación no puede seguir siendo considerada como sinónimo de crecimiento económico y acumulación de riqueza para unos pocos ganadores.
De hecho, el propio rol de la innovación para generar crecimiento económico ad infinitum es cada vez más discutido en diversos ámbitos. La I+D+I debe asumir su responsabilidad para con la ciudadanía, involucrándola en sus procesos más activamente y haciéndola partícipe de sus productos y no como una mera receptora de sus desarrollos. No conviene olvidar que es el contribuyente el que hace posible muchos de los sistemas de I+D+I a través de sus impuestos. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros como sociedad, si queremos afrontar los numerosos retos sociales que demandarán de una relación mucho más entrelazada entre ciencia y sociedad.
