El que siembra, recoge

Haciendo caso omiso a las más de 40.000 alegaciones y a las casi 200.000 firmas recibidas, finalmente el viernes 9 de octubre se publicó el Real Decreto de autoconsumo, el también conocido como impuesto al sol. En aras de la supuesta sostenibilidad del sistema, se regula así un mercado al parecer liberalizado sólo para unos pocos y se desaprovecha la posibilidad de mejorar la competitividad de las pymes españolas, de reducir nuestra enorme dependencia energética, de colaborar con los compromisos medioambientales para el año 2020 y de apostar por una tecnología de generación eléctrica que es la que más empleo crea.

Si bien es cierto que el Real Decreto ha sufrido algunas pequeñas modificaciones desde el último borrador de finales de julio, éstas tienen un carácter más electoralista que práctico. Una de las más anunciadas es que el impuesto al sol se ha suprimido para consumos inferiores a 10kW, o lo que es lo mismo, en el ámbito doméstico.

Sin embargo, son precisamente las pymes, con un consumo muy superior a este límite y a las que sí se aplica el impuesto al sol, las que presentan una demanda eléctrica diurna más compatible con la generación solar y en las que, por tanto, tiene mayor interés el autoconsumo. Conviene recordar además que  España es, a día de hoy, el país europeo en el que más cara es la electricidad que pagan las pymes del sector industrial. Sólo en los últimos tres años ese precio se ha encarecido en más de un 30%.

Más incomprensible aún si cabe es que se mantenga en todos los casos un impuesto fijo adicional para las fuentes de generación gestionable, es decir, aquellas que, gracias a la incorporación de sistemas de almacenamiento eléctrico, contribuyen a rebajar el término de potencia contratada al tiempo que facilitan su integración en el sistema eléctrico. Como consecuencia de este cargo fijo, a pesar de la exención del cargo variable en el ámbito residencial, se estrecha la única vía para que el autoconsumo pueda presentarse como una alternativa rentable en los hogares españoles, especialmente en aquellos donde los sistemas de almacenamiento resultan imprescindibles al no coincidir las curvas de generación y demanda.

En esta última edición aprobada también se han introducido novedades que suponen barreras adicionales al despliegue de estos sistemas de generación distribuida, como la imposibilidad expresa de compartir una instalación de autoconsumo entre varios consumidores, que pudiera resultar de gran interés en una comunidad de propietarios o en un polígono industrial.

En cambio, es loable que se hayan retractado de imponer el impuesto en las islas, en las que los costes de generación eléctrica son desorbitados (hasta 4 veces superiores a los costes de generación peninsulares) y suponen una sobrecarga para el resto de usuarios del sistema. Afortunadamente, al menos en estos territorios, el autoconsumo será pronto una realidad que ayudará a aligerar la abultada factura eléctrica de todos los españoles.

Con todo, la redacción definitiva sigue sin explicar la diferencia del autoconsumo con otras medidas de eficiencia energética que también tienen por objeto reducir el consumo eléctrico y que sin embargo no están gravadas con ningún tipo de impuesto ni tasa similar, como por ejemplo el empleo de bombillas y electrodomésticos de bajo consumo o las chimeneas de leña.

Finalmente, el nuevo Real Decreto sigue advirtiendo de su carácter transitorio hasta que se desarrolle una metodología de asignación de cargos más apropiada. De este modo, se ensombrece la seguridad de las inversiones en un sector que ya acumula funestas experiencias en este sentido por culpa de un marco regulatorio incierto. Vaya, nada nuevo bajo el sol.

Mientras tanto, el autoconsumo fotovoltaico se hace fuerte en Europa, donde el resto de países apuesta decididamente por las renovables y el autoconsumo se ve como el principal modelo en la próxima década. En este sentido, llama la atención la visión cortoplacista del gobierno en este asunto, que con este Real Decreto parece pretender parchear una vez más un sistema eléctrico que adolece de enormes contrariedades y que requiere, sin duda alguna, de una revisión mucho más profunda y contemporánea.

En consecuencia, hay quien ve detrás de este impuesto al sol la mano del gran oligopolio eléctrico con interés en conservar su tradicional hegemonía, obstaculizando y retrasando la llegada de nuevos actores y modelos de negocio a un mercado en el que poseen cuantiosos activos amortizables. Y eso a pesar de que el ministro Jose Manuel Soria se ha apresurado a desmentir este extremo recordando que los supuestos artífices de tamaño ardid no son sino adalides de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo, tal y como se han esforzado en presentarse durante estas últimas semanas. Claro que quien lleva tiempo en el sector aún recuerda el año 2012. Por aquel entonces, Jose Manuel Soria presentaba en un pleno del Congreso de los Diputados su proyecto de Real Decreto de autoconsumo incluyendo el tan anhelado balance neto, pero casi inmediatamente después y ante la estupefacción del sector, una de las grandes eléctricas contratacó aprovechando la celebración de la Feria Genera acuñando el concepto de peaje de respaldo, que a la postre se ha impuesto en los inescrutables pasillos ministeriales.

Aunque mejor que maldecir el pasado, es siempre mirar hacia el futuro. Dice un proverbio africano que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero que el segundo mejor es ahora. No obstante, el modo más rápido y plausible de lograrlo parece ser derogando la ley tras las elecciones generales, puesto que los principales grupos de la oposición ya se comprometieron a anularla si gozan de mayoría parlamentaria. Mientras tanto, no hay duda que esta medida supondrá un terrible coste para un sector ya furibundo, que antaño ocupaba meritoriamente una posición privilegiada a nivel mundial y que, sin embargo, a día de hoy sobrevive a duras penas internacionalizándose.

Pero es posible que el nuevo Real Decreto no sólo suponga un duro golpe para el sector fotovoltaico, sino también para todo el sistema en general. De hecho, hay quien incluso vaticina que con la continua reducción de precios de las tecnologías de generación fotovoltaica y almacenamiento eléctrico y el incesante aumento de las tarifas eléctricas, habrá quien opte en poco tiempo por la independencia energética, haciendo entonces un flaco favor a un sistema que se verá obligado a aumentar aún más sus tarifas al resto de consumidores para asegurar su sostenibilidad, habida cuenta de que éstas erróneamente no sólo reflejan el coste de los servicios ofrecidos. El aumento de tarifas empujará presumiblemente a más consumidores a independizarse del sistema dando lugar a un efecto cascada conocido como espiral de la muerte.

Personalmente me inclino más por un escenario futuro de sistemas de generación y consumo interconectados, pero es obvio que quien siembra vientos, se arriesga a recoger tempestades.

Y es que, para bien o para mal, el que siembra, recoge. 

Aunque por el momento, quien haya sembrado su instalación de autoconsumo en España, dispone de un plazo de tan sólo 6 meses para regularizarla y empezar a ceder parte de su cosecha al sistema.