“Dos años después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realizamos un balance sobre cómo ha incidido esta ley en la práctica”
La Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático destaca la planificación territorial y urbana como las principales disciplinas en las que se debe implementar la acción climática
A nivel español, la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, ha supuesto un hito con respecto a la acción climática en el Estado, y en particular respecto a la adaptación. La Ley contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de las políticas: hidrológica, de costa, territorial y urbanística, de desarrollo urbano, de edificación e infraestructuras del transporte, de seguridad y dieta alimentarias, así como la de salud pública.
Como aspecto relevante, se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Se incorpora la necesidad de considerar los riesgos derivados del cambio climático en la ordenación de usos del suelo, adecuando el cálculo y diseño de la edificación y las infraestructuras de transporte al cambio climático.
Aplicación en ordenación territorial y planeamiento urbanístico
Dos años después de su aprobación parece pertinente hacer un primer balance sobre cómo ha incidido esta ley de Cambio Climático y Transición Energética en la práctica, y sobre cómo se está aplicando. Es importante también reflexionar sobre los elementos facilitadores y barreras, a fin de extraer lecciones aprendidas y propuestas de innovación necesarias para agilizar la incorporación de cambio climático en los instrumentos técnicos normativos.
TECNALIA junto a la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana organizan una jornada sobre la aplicación de la Ley de cambio climático en los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico. Para ello, representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Generalitat Valenciana, Delegación Territorial de Cádiz de la Junta de Andalucía, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y Generalitat de Catalunya, así como de ayuntamientos compartirán experiencias y casos prácticos.
